Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de julio de 2020
Estamos asistiendo a una avalancha de noticias en los medios sobre presuntos avances en la investigación de la vacuna contra el COVID19 por parte de distintos equipos de investigación, la mayoría de ellos manejados y financiados por empresas multinacionales: Pfizer, Sanofi, Astra Zeneca, Moderna, entre otras. Llamativamente, las autoridades sanitarias, antes de que estos protocolos fueran aprobados por la ANMAT, hicieron público su apoyo a dichas investigaciones, inclusive con su presencia en el lanzamiento. Así ocurrió en el caso del estudio sobre dos antiretrovirales que supuestamente protegerían del contagio a los y las trabajadoras de la salud. Se trata de un Ensayo Clínico para la Prevención de la Infección por Coronavirus en Sanitarios (EPICOS, España) con emtricitabina / tenofovir disoproxilo. En fuentes periodísticas aseguran que Argentina, Ecuador y Uruguay se suman a ÉPICOS, en el que participarán 4.000 profesionales de la salud que están en la primera línea de atención a la pandemia.
Dicho protocolo, curiosamente, no fue comunicado ni presentado al Comité Nacional de Gestión de Crisis (COE), organismo creado por el Ministerio de Salud para la protección de los trabajadores sanitarios.
Al plantear la delegación de Fesprosa en la reunión de dicho organismo, del 21 de julio, quién iba a evaluar si estas investigaciones cumplían con los estándares internacionales se nos informó que “sobre protocolos de investigación se confirma que no están patrocinando, desde el Ministerio de Salud de Nación, ningún estudio que tenga como objeto de estudio al personal de salud. La dirección de Investigación a cargo de Santiago Torales envió esta información por nota. Se aclara que los que la SADI y otros que se llevan a cabo en distintos centros de Salud lo hacen con la revisión de los Comités de ética de cada institución”.
Sin embargo, el Ministerio Nacional de Salud, por resolución 1117/20, creó el “COMITÉ DE ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS EN PANDEMIA COVID19” (CEDHCOVID19). La respuesta fue que NO era su función (a pesar de lo que dice el texto de su creación basado en la resolución CSP28.R18 de la Organización Panamericana De La Salud) evaluar protocolos sino asesorar en los posibles problemas éticos que puedan ocurrir durante la atención a los pacientes en la evolución de la pandemia.
La investigación sobre humanos debe estar regida por parámetros bioéticos transparentes, sin sesgo manifiesto y que se correspondan con el cumplimiento de las convenciones, protocolos y normativas internacionales, por lo tanto hacerlo bien no es oponerse a las investigaciones.
La Fesprosa exige:
- Que no se dé comienzo a ningún protocolo de investigación, tanto en trabajadores de la salud como en la población general, sin el análisis previo del comité nacional de bioética creado a los efectos del COVID 19.
- A su vez, que ningún protocolo que implique la investigación en trabajadores de la salud se autorice sin el análisis y dictamen del COE nacional.
La necesidad imperiosa de contar con herramientas preventivas y terapéuticas del COVID 19 no debe hacerse poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y de la población en general. Desde años venimos peleando por la aprobación de una ley de bioética de la investigación, bloqueada de manera permanente por los intereses de la industria. Hasta tanto no tengamos ese instrumento, toda investigación debe hacerse cumpliendo de manera estricta los protocolos y tratados internacionales.
FUENTE: https://fesprosa.org.ar/portal/la-investigacion-sobre-el-covid-19/?fbclid=IwAR1o0_S8aeGTp2REnadbgwlc0UYWirAXh1PT9EfLFgq8JpnbLQu3HxLspOc
