A finales de septiembre la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, constituida por 118 diputados de 47 países, aprobó una Resolución sobre salud pública e industria farmacéutica.1 Dirigida a los gobiernos nacionales, propone medidas para acabar con la opacidad que rodea las relaciones entre compañías farmacéuticas, sistemas de salud y sus profesionales (véase el Cuadro 1).2
El texto señala que de los medicamentos comercializados en los últimos años, sólo algunos tienen un efecto terapéutico real, y que algunos nuevos se comercializan a precios prohibitivos. Además, llama a aplicar criterios rigurosos en la autorización de nuevos medicamentos, con una “cláusula de necesidad” (la necesidad médica del fármaco debe ser un elemento clave de su evaluación).
Pide que los gobiernos garanticen la transparencia de las compañías sobre los costes reales de la I+D de nuevos medicamentos, y que se establezca normativa para evitar las puertas giratorias entre lugares de trabajo en la regulación de medicamentos y en las compañías farmacéuticas. Además, propone dar más apoyo financiero público a las asociaciones de pacientes, con el fin de reducir la influencia de los financiadores privados.
También hace referencia a la exageración de enfermedades y propone que definiciones diagnósticas y umbrales de tratamiento se basen en consideraciones de salud pública. Además, propone a los estados que introduzcan un impuesto obligatorio sobre las actividades de promoción de la industria farmacéutica para financiar la formación médica continuada independiente. También propone hacer obligatoria la publicación de la totalidad de los resultados de todos los ensayos clínicos realizados con los fármacos comercializados, y que se prohiba y se sancione cualquier acuerdo entre compañías que tenga por objeto retrasar injustificadamente la comercialización de versiones genéricas de cualquier fármaco.
