Llamado a la Acción Global de la Red-DESC

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia e intensificado graves injusticias sistémicas en todo el mundo. Se les está exigiendo a las personas que se queden en sus casas, independientemente de que tengan una vivienda segura; que se laven las manos cuando tal vez no tienen ni acceso a agua limpia, y que llenen los vacíos en sistemas sociales y sanitarios públicos fallidos, con impactos desproporcionados en las mujeres. Los gobiernos y las empresas están imponiendo elecciones imposibles: entre el contagio o el hambre; el trabajo peligroso o el desempleo, rescates corporativos o la ruina, la seguridad personal o la salud pública. Como comunidades resistentes, movimientos sociales, entidades y personas defensoras de los derechos humanos, exigimos alternativas económicas, sociales y políticas que permitan hacer realidad los derechos humanos y la justicia social para todos. Un regreso al status quo no es una opción.

Comunidades en todo el mundo llevan mucho tiempo resistiéndose al empobrecimiento a pesar de la abundancia, los crecientes niveles de desigualdad, la influencia corporativa indebida sobre la toma de decisiones públicas, la aceleración de la crisis climática y una mayor represión en medio de la profundización del autoritarismo. Nuestra Carta Común para la Lucha Colectiva, liderada por miembros de movimientos sociales y respaldada por otros miembros de 77 países, articula estos problemas globales comunes. La Carta vincula estas condiciones al sistema capitalista dominante –que prioriza las ganancias sobre las personas y el planeta— y estructuras de opresión interrelacionadas, como el patriarcado, el racismo y largos historiales de colonialismo e imperialismo. Partiendo de la Carta, las discusiones de los y las miembros durante las últimas semanas sobre la pandemia han dado lugar a una serie de análisis basados ​​en las realidades vividas por las personas y las comunidades de todo el mundo y las demandas sobre una variedad de temas. Estos análisis constituyen la base para nuestro llamado a la acción.

El empobrecimiento, el desposeimiento y la desigualdad se han agravado en las últimas décadas. Las reformas de la política neoliberal han debilitado las protecciones laborales, han intensificado la actividad extractiva y han facilitado el flujo del capital hacia donde los derechos humanos y las protecciones ambientales son más débiles, han privatizado y mercantilizado las necesidades básicas, han socavado la soberanía alimentaria, han implementado sistemas fiscales regresivos y han impuesto la austeridad a la mayoría, al tiempo que proporcionan una prosperidad subsidiada a una élite minoritaria. Estas reformas han sido impuestas y manipuladas a instancias de intereses corporativos y financieros, incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los acuerdos comerciales y de inversión. A pesar de décadas de la llamada “responsabilidad social corporativa”, las empresas cometen abusos constantes de los derechos de las personas trabajadoras y de los derechos humanos y ambientales en general, se niegan a pagar su proporción justa de impuestos y continúan capturando las instituciones gubernamentales y la formulación de políticas públicas. El fracaso de los gobiernos para abordar con urgencia la crisis climática es quizás el ejemplo más evidente de captura corporativa. Esto ha sentado las bases para que la pandemia se haya convertido en una devastadora crisis de salud pública, económica y social, así como para la desregulación ambiental.

El enfoque actual en “salvar la economía” en lugar de garantizar los derechos humanos y la protección del medio ambiente es un eco alarmante de tendencias perjudiciales de larga data, incluidos enfoques equivocados en la respuesta a la crisis financiera global de 2008. A pesar de reconocer la gravedad de la crisis, el FMI y el Banco Mundial continúan operando como siempre, ofreciendo préstamos de emergencia en lugar de significativas cancelaciones de deuda y reparaciones muy atrasadas por décadas de políticas que hicieron más pobres a las personas y reemplazaron el colonialismo con el imperialismo económico. La influencia corporativa indebida ha llevado a los Estados a proporcionar subsidios y rescates corporativos masivos con poca supervisión, retrocesos en las protecciones ambientales y redefiniciones de actividades esenciales para incluir las operaciones mineras así como empresas de construcción comercial, entre otras. Las empresas han obtenido autorización para proyectos controvertidos, a menudo en un clima de represión de los derechos participativos de las comunidades locales y el derecho de los Pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Cuando los Pueblos Indígenas ejercen sus derechos reconocidos a la autodeterminación de sus propios modelos económicos, políticos y culturales, siguen afrontando la agresión del desarrollo y la criminalización.

A pesar de que la pandemia ha revelado lo que es realmente un trabajo esencial, las personas que lo llevan a cabo continúan viéndose sistemáticamente infravaloradas. En muchos países, especialmente en el Sur Global, la mayoría de las personas trabajadoras, incluidas las trabajadoras domésticas y las personas del sector agrícola, están empleadas en el sector informal sin acceso a la seguridad social y al seguro de empleo. Muchas personas trabajadoras se ven obligadas a trabajar en condiciones cada vez más precarias, sin equipos de protección adecuados, licencia por enfermedad remunerada ni seguro médico (en ausencia de un sistema de salud público universal), o corren el riesgo de perder sus empleos de forma permanente. Las mujeres, las personas inmigrantes y de las minorías en particular han sufrido una pérdida desproporcionada de empleos y medios de subsistencia debido a su gran representación en el sector informal y las ocupaciones precarias. Para algunas personas, la incapacidad de trabajar en medio del cierre de los mercados locales, las prohibiciones de pesca, las prohibiciones a la circulación y otras medidas de aislamiento social amenaza con el desalojo, el hambre y el empobrecimiento, ya que muchos gobiernos no han garantizado la cobertura pública de las necesidades fundamentales.

Las desigualdades materiales dentro y entre los países hacen que muchas recomendaciones de salud pública sean inherentemente discriminatorias, ya que requieren un cierto nivel de vida, como el acceso a agua limpia y saneamiento y una vivienda adecuada. Además, estas recomendaciones a menudo no tienen en cuenta formas interrelacionadas de discriminación presentes en nuestra sociedad. Muchos grupos que ya sufren un acceso limitado a una atención médica adecuada y otros servicios públicos –incluidas las personas refugiadas, desplazadas internamente, comunidades LGBTQI, personas con discapacidades, personas privadas de libertad y las trabajadoras sexuales— afrontan mayores obstáculos en medio de la pandemia. En algunos contextos, los desalojos y desplazamientos por demolición de viviendas han continuado en asentamientos informales y áreas afectadas por conflictos. Además, las soluciones digitales diseñadas para garantizar el acceso a servicios esenciales, incluida la educación, el asesoramiento médico y las oportunidades de trabajo, excluyen desproporcionadamente a grupos sin conexión a Internet ni alfabetización digital.

Por otra parte, las brechas en los sistemas de protección social han exacerbado la carga de los cuidados para las mujeres, quienes soportan la mayor parte del trabajo de cuidado no reconocido ni remunerado debido a las persistentes normas de género. Esto se ve agravado por el aumento de los incidentes de violencia doméstica y los desafíos para buscar remedios debido al acceso limitado a los tribunales, así como la violencia y el acoso contra las trabajadoras del sector sanitario.

Además, las comunidades marginadas y empobrecidas con frecuencia viven cerca de proyectos contaminantes y extractivos, lo que provoca problemas respiratorios que las hacen más vulnerables al COVID-19. Esta injusticia ambiental se ve reforzada por las narrativas que celebran la mejora temporal de la calidad del aire y la reducción de emisiones, manteniendo los paradigmas humanos versus ambientales que desvían la culpa de nuestros sistemas económicos y políticos al tiempo que ignoran el sufrimiento de la población empobrecida, las personas inmigrantes y los Pueblos Indígenas.

Muchos gobiernos están utilizando la crisis para reprimir el disenso y atacar a minorías ya marginadas, incluso a través de poderes de emergencia, legislación antiterrorista, fundamentalismo religioso, y una mayor vigilancia y militarización. Las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) han sido atacadas conforme las estrategias de seguridad se han visto socavadas por estrictos mandatos de “refugio en el lugar”. Múltiples gobiernos han atacado a profesionales médicos, periodistas, blogueros y DDH que han informado sobre la pandemia. Las personas defensoras de los derechos humanos  y los presos políticos a menudo se han visto excluidos de las liberaciones de prisión –inadecuadas de por sí—, y muchos están atrapados en detención preventiva debido al cierre de los tribunales. Estas amenazas se agravan especialmente en contextos de conflicto y ocupación, mientras son facilitados por los fabricantes de armas que continúan alimentando la violencia. La retórica de la “guerra” para enfrentarse a la pandemia intensifica aún más el clima de miedo y alabanza por las respuestas autoritarias, limitando drásticamente el espacio para el escrutinio público, la participación y la rendición de cuentas. A medida que los Estados reúnen recursos sin precedentes para abordar la crisis, existe una evidente falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a la toma de decisiones, ejemplificada por graves limitaciones al acceso a la información en muchos países. Al mismo tiempo, están utilizando herramientas de vigilancia para recopilar datos personales, a menudo en violación de los derechos de la privacidad y la seguridad y en estrecha colaboración con el creciente sector tecnológico.

Este es el momento para llevar a cabo las transformaciones sistémicas necesarias desde hace tanto tiempo, construyendo una lucha global para hacer que los derechos humanos y la justicia social sean una realidad para todos y todas. Nuestra Carta Común articula una visión para el cambio sistémico centrada en reclamar los derechos humanos como un marco compartido para el análisis y las demandas que surgen de las luchas populares por el bienestar, la dignidad, la participación y la igualdad sustantiva. Esta visión centra la experiencia, el análisis y el liderazgo de los Pueblos Indígenas, las comunidades afectadas y que oponen resistencia, las personas sindicalizadas y las personas defensoras de los derechos humanos de base. Además, al enfrentar injusticias sistémicas, el objetivo de reinventar lo “normal” requiere articular y promover modelos alternativos inclusivos. Estos existen desde hace mucho tiempo en los Pueblos Indígenas, arraigados en el conocimiento tradicional, las redes de atención y el reconocimiento de que toda la vida está interconectada. Existen otros modelos de reciprocidad, ayuda mutua y cooperación, a menudo desarrollados por necesidad, en muchas comunidades urbanas empobrecidas, campesinas y de pescadores y movimientos sociales relacionados. Los movimientos feministas han abogado durante mucho tiempo por alternativas basadas en los principios de igualdad, no discriminación y respeto por el planeta. Al afrontar violaciones inmediatas de los derechos humanos, nuestras demandas necesariamente abordan “el día de mañana” e insisten en un futuro que priorice los derechos de las personas y el medio ambiente sobre las ganancias, mediante un replanteamiento radical de nuestras relaciones económicas, sociales, ecológicas y políticas.

Nuestras demandas

Pedimos respuestas a la crisis del COVID-19 que den prioridad a los derechos humanos y ambientales, de acuerdo con los principios de universalidad, participación, transparencia, igualdad sustantiva y rendición de cuentas. Todas estas medidas deberían diseñarse e implementarse con la participación significativa de las comunidades y los movimientos sociales afectados y aplicar un análisis feminista para tratar de evitar el solapamiento de las desigualdades e inequidades estructurales. Los Estados deberían utilizar los recursos máximos disponibles para aplicar estas medidas y hacer realidad plenamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas. Las alternativas al status quo dominante son viables y son urgentemente necesarias.

Para responder de manera justa, los Estados y los organismos internacionales deberían actuar de manera inmediata y afrontar la emergencia de salud pública (tal y como detallamos en nuestras tres primeras series de demandas a continuación); adoptar medidas provisionales para garantizar una recuperación justa y abordar los efectos de las medidas impuestas para contener la pandemia; y adoptar y apoyar acciones transformadoras que nos llevarán a nueva normalidad:

Garantizar la atención

• Garantizar el derecho universal e igualitario a la atención médica, incluyendo la garantía de que las pruebas, el tratamiento y la prevención del COVID-19 estén disponibles para todas las personas.
• Proteger a los profesionales sanitarios y otros trabajadores esenciales con equipos, pruebas de diagnóstico, capacitación, asesoramiento de salud relevante y licencia por enfermedad remunerada.
• Implementar protecciones laborales integrales para todos los trabajadores incluidos los trabajadores y trabajadoras esenciales que no son del sector sanitario.
• Reconocer, respaldar y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado y adoptar medidas de conciliación del trabajo familiar, así como adoptar medidas urgentes para frenar el aumento de la violencia doméstica y los feminicidios.
• Interrumpir los desalojos, desposeimientos de tierras, cortes de servicios públicos y las violaciones de derechos relacionadas.
• Asegurar la provisión dignificada de un ingreso básico universal, alimentos, agua, vivienda, saneamiento y otras necesidades, especialmente para aquellas personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las que carecen de empleo, las empleadas en el sector informal y las que residen en asentamientos informales.
• Proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales y a los presos políticos, incluso liberando a las personas encarceladas por ejercer su derecho a defender los derechos, y garantizar un clima propicio para la defensa de los derechos humanos.
• Recopilar datos desglosados, por género, origen étnico, situación socioeconómica y otros motivos, en relación con la salud, los impactos sociales y económicos de la crisis en diferentes grupos, asegurando que estén al alcance del público y utilizándolos para desarrollar respuestas para abordar las necesidades de todas las personas.
• Asegurar que los mecanismos de justicia, nacionales e internacionales (tribunales, comisiones, instituciones nacionales de derechos humanos, procedimientos especiales y otros) sean accesibles, especialmente para las personas más vulnerables, y que, por su propia iniciativa (suo moto) y al procesar los casos, supervisen y reparen las violaciones estatales y privadas, tanto con recursos inmediatos como con garantías sistémicas para prevenir la recurrencia y realizar plenamente los derechos humanos y ambientales.
•  Redistribuir la riqueza global de acuerdo con las obligaciones de cooperación y asistencia internacional en materia de derechos humanos, así como respetar la autodeterminación.

Defender derechos ganados con gran esfuerzo

• Mantener, hacer cumplir y fortalecer, en lugar de suspender o revocar, los derechos humanos, ambientales y de las personas trabajadoras, incluso haciendo que las empresas rindan cuentas a nivel nacional y extraterritorial.
• Respetar los derechos de los Pueblos Indígenas a la autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado, así como la participación significativa de comunidades más amplias.
• Respetar los derechos sexuales y reproductivos internacionalmente reconocidos, e impedir cualquier intento de restricción.
• Garantizar la transparencia sobre la asignación de recursos y la toma de decisiones sobre las medidas para hacer frente a la crisis, incluido el uso de herramientas de vigilancia, y ampliar, en lugar de restringir, el acceso a la información y la libertad de expresión para fortalecer la participación y la rendición de cuentas.
• Asegurar que los datos personales recopilados sean anónimos y que bajo ninguna circunstancia se compartan públicamente.
• Prevenir el aumento de la securitización y la militarización, y garantizar la rendición de cuentas por el maltrato, los arrestos y los abusos por parte de las autoridades de vigilancia relacionados con las medidas de cuarentena y los poderes de emergencia, incluso contra minorías raciales y comunidades empobrecidas y marginadas.
• Garantizar que cualquier restricción de derechos, incluido el derecho a la privacidad, sea estrictamente necesaria, esté sujeta a plazos, sea legal, razonable y proporcional, y que cumpla con los estándares internacionales.

Prohibir el aprovechamiento ilícito de la pandemia

•  Prohibir la captura corporativa de instituciones gubernamentales y la formulación de políticas, con métodos como el cabildeo (lobbying), donaciones de lavado de imagen y prácticas de puertas giratorias.
• Prohibir el aumento especulativo de precios y otras ganancias.
• Defender los derechos de negociación colectiva y la participación significativa de las personas trabajadoras en la configuración de las políticas de empleo.
• Exigir que cualquier prueba de diagnóstico, tratamiento y vacuna del COVID-19 no esté sujeto a patentes y garantizar el acceso justo e igualitario a todos los países.
• Cesar todas las actividades extractivas y la tramitación de permisos que podrían afectar negativamente los derechos de las comunidades, las personas trabajadoras y el medio ambiente.
• Respetar los llamados globales para un alto el fuego, incluso haciendo cumplir una moratoria sobre todas las ventas de armas.
• No brindar asistencia a los contaminadores y otras industrias que violan los derechos humanos y ambientales, al tiempo que se garantizan transiciones justas para los trabajadores y las comunidades que dependen de estas industrias.
• Prohibir cualquier aumento en la comercialización o privatización en relación con la pandemia, incluso para las empresas de tecnología que prestan servicios digitales.
• Suspender las negociaciones de nuevos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

Facilitar una recuperación justa

• Gravar sustancialmente y acabar con las exenciones fiscales para las grandes empresas en todo el mundo, eliminar los flujos financieros ilícitos, introducir impuestos al patrimonio  y poner fin a las lagunas, los paraísos y las vacaciones fiscales.
• Cancelar deudas de países y comunidades de ingresos bajos y moderados, y garantizar que todas las políticas de préstamo y las salvaguardias de las instituciones financieras internacionales den prioridad a las obligaciones de derechos humanos y las protecciones ambientales.
• Priorizar los derechos humanos de las personas y la protección ambiental sobre los intereses limitados de las empresas en los paquetes de recuperación económica gubernamentales e internacionales (incluido el paquete G20), incluso mediante la promoción de economías basadas en la atención y regenerativas que promuevan la igualdad sustantiva y transiciones justas de los combustibles fósiles al carbono cero.
• Apoyar un instrumento internacional legalmente vinculante y leyes nacionales para regular el poder corporativo.

Reinventar la “normalidad”

•  Dar prioridad a modelos alternativos basados ​​en la solidaridad, la cooperación, el apoyo mutuo y las economías participativas, que valoran la contribución social del cuidado y otras formas de trabajo y el mutuo bienestar de las personas y la naturaleza, ya concebidas e implementadas por Comunidades Indígenas, movimientos sociales, mujeres líderes de base y organizaciones feministas, comunidades empobrecidas, comunidades campesinas y otras comunidades afectadas.
• Facilitar una transición justa de las economías de acuerdo con la ciencia climática, los estándares de biodiversidad posteriores a 2020 y los derechos humanos.
• Nacionalizar los sistemas de salud y las cadenas de suministro, como los productos farmacéuticos, para revertir la mercantilización y garantizar el derecho universal a la atención médica.
• Garantizar la soberanía alimentaria, incluso priorizando la financiación pública para apoyar la agricultura sostenible y de subsistencia y fortalecer los derechos a la tierra, restitución y redistribución para abordar el desposeimiento y la desigualdad.
• Garantizar el derecho universal a la vivienda, incluso proporcionando recursos para la construcción de soluciones de vivienda social, regulando el sector de alquiler privado y eliminando la financiarización del mercado inmobiliario.
• Crear sistemas universales para la provisión pública de atención, asegurando su reconocimiento y distribución justa, así como respaldando redes de atención reactivas y sostenibles basadas en la comunidad.
• Garantizar el acceso a educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles para todos, incluyendo adaptaciones para abordar el tiempo y las oportunidades educativas perdidas.
• Adoptar sistemas integrales de protección social, como el ingreso básico universal, programas no contributivos y otras medidas más allá de la respuesta de emergencia.

>> Ver el LLamado a la Acción Global en PDF aquí.

>> Ver el Comunicado de Prensa aquí.