La investigación realizada por el defensor del pueblo aragonés relata un estremecedor cuadro de discriminaciones y abandono que llevó a los ancianos a situaciones cercanas al arresto domiciliario. Plantea abiertamente, mientras la segunda onda crece descontrolada en zonas como Madrid, la necesidad de cambiar el modelo para humanizarlo.
Varias sillas de ruedas en la puerta principal de una residencia de ancianos en Totana (Murcia). EFE/Marcial Guillén
ZARAGOZA 02/10/2020 22:02 EDUARDO BAYONA @e_bayona
«Quizás ha llegado el momento de plantearse alternativas al fenómeno residencial tradicional», plantea el Justicia de Aragón (defensor del pueblo autonómico) en su informe sobre la situación de los geriátricos durante el estado de alarma. Una investigación, la primera en profundidad que desarrolla un organismo oficial sobre este asunto en el Estado español, que denuncia cómo los ancianos sufrieron con relativa frecuencia «situaciones de cuasi arresto domiciliario, en condiciones muchos más restrictivas que el resto de ciudadanos, por la única razón de su ámbito de residencia».
El documento recoge testimonios estremecedores de los familiares de los ancianos: «Se le ha informado de las medidas tan drásticas que tiene la residencia y ella misma ha elegido quedarse ciega. Es muy triste, la verdad: nuestros mayores no morirán tanto de covid como de tristeza por la soledad», narra el hijo de una víctima. La mujer, con problemas cardiacos y neurológicos, pero que no se contagió de coronavirus, llevaba dos meses sin recibir su tratamiento oftalmológico por el confinamiento y en mayo se vio obligada a elegir entre ir al oculista y pasar tres semanas aislada en una habitación a la vuelta o postergar de nuevo la atención y seguir perdiendo visión.
El relato viene a ratificar el que mantienen organizaciones sociales como la Marea de Residencias y ONG como Médicos Sin Fronteras. «Llevamos años avisando de que las residencias son morideros», explica Eduardo Calderón, de la primera de esas entidades, que mantiene que «el sistema de los cuidados es en realidad un enorme negocio en el que los residentes son activos económicos; dejan de ser personas, y el cuidado, simplemente, no existe».
Un abandono con muchos actores
Los escasos trabajos realizados sobre la vida (y la muerte) en los geriátricos en la primera ola de la pandemia, a los que a corto y medio plazo deberían comenzar a unirse las conclusiones de las más de 200 investigaciones penales abiertas por la Fiscalía, coinciden, como señala el estudio de Médicos Sin Fronteras, en denunciar «graves problemas tanto del modelo de gestión de residencias como de coordinación entre administraciones, cuyo resultado es el abandono de las personas más vulnerables a la pandemia y la desprotección del personal que las cuida».
«El número de personas fallecidas en centros residenciales de mayores en Aragón no tiene una correlación lógica con las defunciones de otros sectores de la sociedad en sus domicilios particulares, al igual que no lo tienen las situaciones de deterioro y sufrimiento acaecidos en dichos ámbitos residenciales durante la pandemia del covid-19, lo que debe llevar a la adopción de medidas para evitar su repetición», anota el Justicia, en una conclusión extensible a la mayoría de las comunidades autónomas: más de dos tercios de quienes murieron con covid-19 en la primera ola de la pandemia lo hicieron en geriátricos en siete territorios y en otros tres esa tasa superó el 60%, según una investigación de TVE.
Aunque el abandono de los ancianos en la primera ola de la pandemia no se produjo únicamente desde las administraciones y los geriátricos. «Solo el 1% de ellos salieron de las residencias por petición de las familias», apunta Javier Hernández, lugarteniente del Justicia, que al mismo tiempo llama la atención sobre otros dos aspectos: «¿Por qué morían en las residencias y los demás en los hospitales? En ocasiones ha habido plazas hospitalarias libres porque ellos fallecían en los geriátricos o en los centros covid».
¿Modelos vivenciales o híbridos de hotel y hospital?
El documento plantea una serie de propuestas dirigidas, básicamente, a «profundizar en la redefinición del modelo asistencial» para los mayores que no pueden afrontar la última etapa de su vida en «su entorno doméstico habitual», a impulsar «la máxima permanencia de nuestros mayores en su entorno doméstico, como una prioridad», que deberían promover las administraciones y, además de presupuestar «adecuadamente» la Ley de Dependencia, a trabajar en «nuevos modelos convivenciales» para los ancianos, como viviendas compartidas, tuteladas y colaborativas «mediante actuaciones e inversiones directas, potenciación de actuaciones privadas, cesión de suelo público u otras medidas de apoyo».
Coincide con Calderón, que anota que la Marea de Residencias «apuesta por ese modelo de pisos asistidos y de asistencia personal, pero se ha potenciado el sistema de las residencias», un sector que factura casi 5.000 millones al año con una potente inyección de fondos públicos que ronda el 40% del volumen de ese negocio.
«Es evidente que aquí se gana dinero, por eso están en el sector los fondos buitre. Hemos dejado los cuidados en manos de empresas, y se produce una dilapidación de dinero público2, añade, mientras recuerda que las situaciones de abandono en los geriátricos no comenzaron con la pandemia: «En Madrid hubo 219 denuncias por desnutrición y por mala praxis el año pasado».
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