Opioides: La Crisis en Oklahoma

El grupo estadounidense Johnson & Johnson (J&J), y su división farmacéutica Janssen, apelarán la decisión de un juzgado de Oklahoma (Estados Unidos) que le condena a pagar 572 millones de dólares (más de 514 millones de euros) por su papel en la llamada crisis de los opioides del citado estado.

De hecho, hace algo más de un año el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró “una emergencia nacional” por la ola de adicción a estos fármacos en los últimos años, lo que desencadenó la comparecencia de cinco de los principales fabricantes de opiáceos en Estados Unidos ante la Cámara de Representantes para abordar sus roles en la crisis de salud pública, que en ese momento estaría suponiendo la muerte de 115 estadounidenses por día.

Oklahoma es uno de los estados que ha padecido lo que múltiples demandantes de todo el país -municipios concretos y condados enteros en este y otros estados- consideran un incremento excesivo en el empleo de opioides hasta el punto de causar un daño público. En concreto, el fiscal general del estado en este caso contra J&J, Mike Hunter, ha argumentado que en 2009 el abuso en el empleo en este tipo de fármacos causó más fallecimientos que los accidentes de tráfico.

En concreto, la acusación del estado de Oklahoma estima que J&J podría haber establecido prácticas engañosas de marketing de sus opioides y que, junto a otros fabricantes de estos medicamentos, ha dirigido grandes campañas para diseminar el mensaje de que el dolor estaba siendo infratratado, restando importancia a los riesgos del empleo de estos medicamentos en dolor crónico, según ha dictaminado el juez.

J&J señala en su defensa que apelará contra el veredicto recién emitido. La compañía confía en que su decisión de apelar la sentencia de Oklahoma tiene una sólida base, y subraya que la misma no tiene en cuenta su cumplimiento con las leyes tanto federales como estatales, ni la función esencial que sus medicamentos juegan en la vida de las personas que los necesitan, como tampoco sus prácticas de márketing responsables. También recuerda que desde el lanzamiento de Duragesic, Nucynta y Nucynta ER, éstos representan en conjunto menos del uno por ciento de las prescripciones de opioides en Oklahoma y el resto de Estados Unidos.

La causa abierta se ha dirigido contra más fabricantes de opioides -marca o principio activo-, como Purdue Pharma (que ha informado de que quizá tenga que declararse en bancarrota) o Teva, aunque estas dos cerraron hace meses este proceso admitiendo su responsabilidad y comprometiéndose a pagar una indemnización de 270 y 85 millones de dólares, respectivamente, mientras que J&J decidió continuar con su defensa en el juicio ahora resuelto en primera instancia. Hay abiertos procedimientos similares en otros estados del país, que previsiblemente en los próximos meses emitirán los correspondientes fallos, pero analistas del sector creen que este primer fallo de Oklahoma podrá sentar un precedente de cara a los siguientes.

En la actualidad son más de 22 fabricantes, distribuidores y oficinas de farmacia involucradas en el proceso, y están tratando de negociar un acuerdo con cerca de 2.000 administraciones locales, de condados o estatales en casos separados que llegarán a los juzgados en los próximos meses. De entrada, los representantes de las administraciones involucradas consideran que la sentencia de Oklahoma constituye otro hito en la búsqueda de evidencias de que las compañías han jugado un papel en esta crisis de salud.

Fuente: DMédico Joven, 27-8-2019