La mano invisible de la industria en la ciencia

ILUSTRACIÓN: SEAN MACKAOUI

La dimisión del oncólogo Josep Baselga ha reabierto el debate sobre las relaciones de muchas empresas con la investigación biomédica. ¿Afectan estos vínculos a los estudios?

El oncólogo español Josep Baselga omitió lazos financieros en artículos de investigación

A veces, lo más importante de un artículo científico está justo al final; en la letra pequeña, en esa última diapositiva que nadie mira en los congresos. Es ahí donde los autores declaran sus conflictos de interés, donde se señala quién y cómo se ha financiado la investigación. Esa información es fundamental para interpretar las conclusiones del trabajo y averiguar hasta qué punto pueden estar influenciadas, pero a menudo pasa desapercibida, como un mero trámite al que no hay que prestar demasiada atención.

Hace unas semanas, sin embargo, esa letra pequeña se convirtió en grandes titulares protagonizados por Josep Baselga, uno de los oncólogos españoles con más prestigio internacional, que tuvo que renunciar a su puesto como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York después de que se hiciera público que había omitido sus vínculos financieros con distintas empresas farmacéuticas.

El escándalo, que se ha dejado oír en todo el mundo, no sólo ha supuesto un varapalo para la reputación del reconocido investigador, sino que también ha colocado el foco sobre un debate que suele permanecer en la sombra: el de los lazos que unen a la investigación biomédica con muchas empresas. ¿Son estas relaciones transparentes? ¿Afectan a los resultados de los estudios? ¿Deben vigilarse más?

Tras la renuncia de Baselga -que sostiene que sus vínculos no han influido de ninguna manera en sus decisiones como científico y que no haberlos declarado se debió a una «inconsistencia» y no a ningún interés espurio-, varios científicos e instituciones se han pronunciado -no todos públicamente- tanto en defensa del oncólogo como de la integridad de la investigación, que también se ha visto en el ojo del huracán.

«Cualquier científico de cierto nivel tiene relaciones con la industria, no es algo exclusivo de Baselga. Las empresas financian estudios, solicitan asesoramiento, pagan congresos… El problema aquí no está en esas relaciones, que son habituales, sino en no declararlas», resume un investigador que no quiere entrar públicamente en el debate. Como él, otros tres científicos de primer nivel no han querido comentar abiertamente un asunto que consideran espinoso.

Josep Tabernero, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, sí subrayaba hace unos días en las páginas de este diario que el error cometido por Baselga no debe empañar el conjunto de su trayectoria como médico e investigador ni hacer que se ponga en duda «el valor del trabajo de los investigadores para el beneficio de los pacientes».

«Que el doctor Baselga haya tenido una actuación incorrecta en las normas de transparencia de declaración de intereses en algunos de los artículos científicos publicados puede llevar a algunas personas a pensar que todas sus actuaciones son incorrectas. Y esto no es cierto. Es oportuno recordar que ha sido uno de los investigadores que más ha contribuido a mejorar los tratamientos del cáncer de mama en los últimos 20 años», señaló.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Barcelona recordó en un comunicado que «la existencia de posibles conflictos de intereses es frecuente en investigación biomédica», dado que muchas veces es la industria quien promueve y financia la realización de estudios científicos. Pero esa relación, señalaba el texto, «no implica que los resultados de la investigación estén comprometidos o no sean válidos».

Otras voces, sin embargo, señalan que el caso debe servir como ejemplo de que falta claridad, de que las relaciones entre la industria y la ciencia son demasiado estrechas y hacen falta mecanismos de control para garantizar la independencia y la imparcialidad de la investigación. Lo ocurrido con Baselga, señalan, es la penúltima gota en un vaso en el que, en los últimos tiempos, han caído otras polémicas muy sonadas, como la suscitada por el sello de la Asociación Española de Pediatría a una determinada marca de galletas.

«No estoy de acuerdo en que el único problema de los conflictos de interés sea la falta de transparencia, que por supuesto es importante», señala Ildefonso Hernández, especialista en Salud Pública que ha estudiado a fondo el tema y no entra a valorar el caso concreto de Baselga. «Hay que controlar las relaciones con la industria porque está demostrado que los sesgos se producen, que los estudios que reciben financiación son más proclives a arrojar resultados favorables a la compañía que les apoya».

El año pasado, por ejemplo, una revisión publicada en la revista científica Cochraneanalizó 75 estudios sobre fármacos y dispositivos médicos realizados entre 2010 y 2015. Sus conclusiones mostraron que los estudios que habían sido financiados por la industria eran más tendentes a arrojar resultados positivos que el resto.

Recientemente, una investigación española publicada en el European Journal of Public Health también señaló que publicaciones financiadas por Coca-Cola mostraban en sus conclusiones afirmaciones que se alineaban con las estrategias de márketing de la compañía.

En ese sentido, Carlos González, especialista en Epidemiología del cáncer del ICO y uno de los firmantes del trabajo, considera que estas evidencias demuestran hasta qué punto los tentáculos de la industria pueden manejar la investigación, por lo que reclama una regulación de estas relaciones; especialmente en áreas como la Nutrición, «donde los conflictos de intereses son especialmente patentes y preocupantes».

Fuentes de la empresa de bebidas han señalado en relación al estudio que «en todas las colaboraciones se garantiza totalmente la independencia de las sociedades científicas y de las universidades. […] Nunca intervenimos en los resultados ni en la actividad de ninguno de los aspectos relacionados con las sociedades científicas y universidades, que tienen sus propios mecanismos de actividad y control y de realización de estudios».

Para Ildefonso Hernández, el principal problema en este ámbito es que tanto en la investigación como en la formación de los profesionales, las empresas cumplen un papel cada vez más preponderante.

Según los datos del Primer informe sobre la investigación e innovación en cáncer en España, presentado el pasado mes de septiembre, en nuestro país un 76% de los ensayos clínicos relacionados con la oncología están patrocinados por la industria, un porcentaje que se sitúa en el 49% en Francia y alcanza el 65% en Reino Unido.

En la misma línea, un trabajo observacional publicado en The British Medical Journalesta misma semana ponía en duda que en la investigación financiada por empresas aclare siempre de forma adecuada cuál es el papel cumplido por la entidad financiadora a la hora de diseñar la investigación o analizar los resultados obtenidos, algo clave para garantizar su independencia.

«Es la industria, y no las instituciones, quien está fijando la agenda, quien está marcando qué se investiga y cómo es la actualización de los profesionales», subraya Hernández, que lamenta que «hoy por hoy nadie se esté preocupando en que haya una mayor imparcialidad e independencia en la generación del conocimiento y su aplicación a la práctica».

Por su parte, Fernando Carballo, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), cree que «es necesario mejorar la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas en cuanto a los conflictos de intereses».

A día de hoy, señala, la declaración de las relaciones con la industria se limita en muchos casos a la letra pequeña de un artículo científico o a la última diapositiva que se pasa rápidamente durante una presentación en un congreso.

«Pero debería ser algo más. Es necesario promover una cultura de transparencia cooperativa y que las declaraciones sean reales, que se explique qué dinero se ha recibido, cómo se ha gestionado y cuál ha sido su finalidad», señala Carballo, quien subraya que eso también es tarea de las sociedades científicas, algunas de las cuales dependen en gran medida de la financiación de la industria.

En España, no hay ninguna ley que obligue a las compañías a detallar qué fondos destinan a la ciencia o los facultativos, aunque desde el año pasado la patronal española de laboratorios, Farmaindustria, informa de forma voluntaria de los pagos que realiza a profesionales u organizaciones sanitarias en concepto de formación, congresos, asesorías y, sin entrar en detalles, a proyectos de investigación.

Tampoco hay una normativa que exija a los investigadores hacer declaraciones de sus conflictos de interés. Esta obligación únicamente está recogida en el código ético de la mayoría de las sociedades científicas, así como par parte de las revistas biomédicas, que lo exigen como condición para publicar un trabajo, pero no investigan su cumplimiento.

Pero la realidad es que la declaración de los conflictos de intereses no se produce en muchos casos, tal y como puso de manifiesto un reciente estudio publicado en Jama Oncology. Según sus datos, obtenidos tras analizar 43 publicaciones sobre el cáncer realizadas por 344 investigadores en revistas de prestigio, un tercio de los profesionales no informa adecuadamente de sus relaciones con la industria.

Varios estudios han demostrado que esta omisión no tiene por qué deberse a intereses ocultos, sino que está muy relacionada con el desconocimiento de los códigos éticos y el convencimiento de que los vínculos con la industria no influyen en ningún modo en su trabajo. El problema, explica Carlos Fernández, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, es que en muchos casos, aunque sea de forma inconsciente, el sesgo sí se produce.

«La restricción progresiva de los fondos públicos está obligando a llegar a consorcios o partenariados con el sector privado, que en algunos casos pueden estar justificados», apunta Ildefonso Hernández. «Pero hay que arreglar muy bien esas uniones. No se trata sólo de declarar y ser transparentes. En todos los casos debería haber un comité de buen gobierno, en el que figure también gente ajena a la institución, que vigile y haga un informe anual sobre cómo se manejan los conflictos de interés y si tienen consecuencias las malas prácticas», añade.

Carlos González va más allá y pide una regulación que impida que puedan crearse determinados lazos entre empresas y ciencia: «Hoy nadie aceptaría un congreso de cáncer financiado por la industria tabaquera. Pues lo mismo debería suceder en otras áreas sensibles».

LINK http://www.elmundo.es/papel/2018/10/08/5bb75af6ca4741b33f8b45ef.html

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