A los miembros de la comunidad
Los abajo firmantes pertenecimos hasta el 10 de diciembre de 2015 al Comité Asesor del existente entonces Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos, creado por el Dr. Eduardo Duhalde, en el año 2011, en dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La función de un Consejo Nacional de Bioética es fundamentalmente velar por la defensa del derecho humano a una vida sana. Este derecho supone básicamente el reconocimiento de la dignidad humana como derecho fundamental. Esto implica mucho más que la atención a la enfermedad, tiene que ver con el control ético de las investigaciones biomédicas que se lleven a cabo a nivel nacional y provincial, con la promoción de la salud custodiando el derecho a una alimentación sana y a agua potable, con la vigilancia respecto de la igualdad del derecho a los medicamentos, a un ambiente sano, a condiciones de vida que permitan el desarrollo integral de niños, adultos y ancianos, con la promoción del reconocimiento de la diferencia en la igualdad de derechos. La Argentina ha sido protagonista, junto con otros países de la región, de la redacción de la Declaración de Bioética y Derechos humanos de la UNESCO donde todos estos derechos se ven reconocidos ampliamente y es el deseo de quienes firmamos este documento que pudiera seguir acompañando a quienes los promueven en la región y en el mundo.
El gobierno al que presuntamente el Comité Asesor del Consejo Nacional de Bioética debiera “asesorar” en cuestiones de salud y bienestar, es el mismo que pone en riesgo el futuro de los habitantes del país al volver a endeudarse en seis meses por cifras inéditas, que ha generado desigualdades evidentes al transferir riqueza de sectores pobres y medios de la comunidad a los más adinerados, que avala con su política económica el desempleo y la disminución de la producción industrial cuya consecuencia, el empobrecimiento de las clases medias y pobres, es conocida por todos e incluso reconocida por sus propios economistas. Es el mismo gobierno que desconcierta con marchas y contramarchas respecto de cuestiones tan importantes como pretender nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, y solo da marcha atrás cuando el escándalo generado alcanza proporciones intolerables, que gobierna mediante decretos, que le quita a la sociedad el poder sobre las fuerzas armadas, que aumenta las tarifas de servicios públicos indispensables para la vida, en proporciones insostenibles para los hogares, que desconoce la necesidad de mantener activas fuentes de trabajo de producción nacional como base de una economía sustentable y al mismo tiempo criminaliza la protesta social.
Los abajo firmantes consideramos que en estas condiciones será imposible cumplir con la misión del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos de resguardar, promover y garantizar el derecho a una vida sana de los argentinos, y que permanecer en su Comité Asesor contribuiría a convalidar las políticas contrarias al bienestar de los argentinos que promueve el ejecutivo.
En consecuencia, hemos decidido renunciar a nuestros cargos en dicho Consejo pues consideramos que en el ambiente de corrupción institucional que evidencian las medidas implementadas por el ejecutivo, es imposible desarrollar ninguna tarea de defensa de los derechos humanos sin que de algún modo sea desvirtuada por el contexto. Ninguna buena voluntad individual, pretendiendo dar cabida a derechos humanos, puede imponerse a un sistema que de por sí los ignora. Sería una ingenuidad pensar que desde el Consejo podría revertirse cualquiera de las medidas mencionadas, y también creer que la política futura de este gobierno tendrá otro signo.
Claudio Capuano
Juan Carlos Celhay
Ignacio Maglio
Ricardo Martínez
Víctor Penchaszadeh
María Luisa Pfeiffer
