Las vacunas como bien público global y cuestión de soberanía sanitaria regional

América Latina y el Caribe atrapada en la dependencia al Complejo Médico Farmacéutico Financiero global

La crisis epidemiológica internacional del SARS-CoV-2 a nivel mundial representó el 2% del total de todas las muertes acumuladas por todas las causas en el año 2020. Las 1.7 millones de muertes en ese periodo significaron un nuevo escenario ante las graves acumulaciones anuales promedio de 3 millones de muertes por neumonías en 2019. Lo anterior permite mostrar en su justa proporción a esta pandemia global como un problema de salud internacional tanto para el Norte como para el Sur global.

Partir de este escenario internacional pone en evidencia que las vacunas del SARS-CoV-2 son una respuesta acorde y necesaria -aunque limitada e insuficiente – frente a la situación epidemiológica de alcance global. Al ser una novedad virémica y con tasas de ataque significativas en la población mundial con sobremortalidad en ciertos grupos etarios y poblaciones, especialmente en el caso de América Latina y el Caribe agravadas por inequidades de clase social, étnico-raciales y de género, sin duda la vacunación es una de las estrategias de respuesta a la actual emergencia de salud pública.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria también consideramos que es y será necesario una revisión exhaustiva de la respuesta a la pandemia global y las epidemias particulares con el fin de comprender las determinaciones socioambientales del SARS-CoV-2 en el metabolismo Sociedad-Naturaleza. De igual manera se hace necesario revisar los arreglos institucionales y las capacidades de nuestros sistemas de salud, afrontar balances críticos de los errores, las improvisaciones y la mala praxis en la toma de decisiones tanto desde la biomedicina como de la salud pública tradicional dominante, así como la geopolítica de seguridad sanitaria global asumida con medidas de “ensayo-error” implementadas. También es impostergable la revisión de los procesos de militarización policial en el abordaje de las epidemias desde los enfoques de biomedicalización y enfermología pública de los “expertos”, la necropolítica y entre otras.

Ahora bien, aproximadamente entre un 85 al 90% de la población latinoamericana y caribeña no transitaron la infección de la enfermedad de Covid-19, por lo cual la vacunación es una medida de salud pública válida en el actual contexto.

De la revisión general pareciera que todas las vacunas que actualmente están en distribución y uso a nivel mundial tuvieron procesos de investigación y desarrollo con evaluación de la eficacia en ensayos pre-clínicos, en ensayos clínicos pre-habilitación, y las fases III para la habilitación, definición del rango de acción y efectividad clínica. En todas las vacunas este proceso marcó un umbral de eficacia y bioseguridad con variabilidad de rangos entre 60 al 95%. En todas las vacunas la efectividad sería significativamente mayor para evitar casos sintomáticos graves y hospitalizaciones agudas en la enfermedad de Covid-19. Aunque también hay que decir que se abren profundos interrogantes entre ellos: 1. la duración de la inmunogenicidad de las vacunas aplicadas actualmente con un peligroso escenario donde se produzca una dependencia global a la producción de una vacuna “anual” en un gran negocio del complejo farmacéutico, 2. la efectividad de las vacunas ante el acumulado de mutaciones y variantes del SARS-CoV-2 que actualmente se estudia.

A pesar de los vaivenes de la economía global, el mercado farmacéutico sigue siendo un complejo entramado industrial, productivo, financiero y generador de demanda inelástica en el consumo masivo de fármacos y tecnologías sanitarias con tasas de ganancias extraordinarias y acelerados patrones de lucro para el siglo XXI, con un accionar geopolítico sanitario (la mayoría de grupos “Big Pharma” son del Norte global) que impacta directamente sobre la agenda mundial de salud, en especial sobre un bien social y público esencial como es el acceso a los medicamentos y las vacunas.

Los 20 primeros laboratorios que se conocen como Big Pharma, en su mayoría provenientes de la Unión Europea y de Estados Unidos, representan más de 60 por ciento (%) del total de ventas de la industria farmacéutica a nivel global. Entre ellos se encuentran Pfizer, Astrazeneca, Novartis, Sanofi, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Janssen, Roche, Bayer-Monsanto, entre otros. Es decir, una geopolítica claramente Norte-Sur o del Centro a la Periferia donde emanan las investigaciones, innovaciones y nuevos fármacos hacia los países del Sur.

Los Acuerdos sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (APDIC o TRIPS en sus siglas por inglés) del año 1995, siguen siendo el principal mecanismo por el cual un organismo multilateral global como la Organización Mundial del Comercio (OMC) impone los intereses del complejo farmacéutico a los Estados, sociedades y sistemas de salud especialmente en aquellos países dependientes de importaciones farmacéuticas en el Sur. Estos derechos de patentes y licencias sobre los productos, vacunas y fármacos de facto impusieron al comercio y el lucro de las farmacéuticas multinacionales y nacionales por sobre la salud colectiva.

Lo que viene ocurriendo a nivel internacional y regional implica poner en evidencia que la autoridad médica internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra colonizada por los intereses de la propia industria farmacéutica, gracias a un proceso acelerado de privatización que la despoja de cualquier rol en la salud pública.

Casi el 90% del Programa de Medicamentos de la OMS es financiado directamente por la Fundación Bill y Melinda Gates. El 80 % del presupuesto de la OMS depende de donaciones públicas o privadas (no del aporte de los Estados), pero voluntarias, «que se concentran en diversos países, en la Fundación Bill y Melinda Gates y en la industria farmacéutica». En el caso del GAVI (Alianza para las Vacunas -fondo público/privado-) el 60% de su financiamiento viene de la propia Industria Farmacéutica y de los donantes de esos mismos países centrales que defienden a sus corporaciones farmacéuticas. Cuando un donante da dinero, por ejemplo, la industria farmacéutica, sus representantes solicitan estar presentes en los comités de expertos de los diferentes programas [de la OMS] o incluso en los comités de expertos en nuestros países. Revisar los Comités de Expertos de Covid-19 en América Latina y el Caribe permitiría mapear esta realidad. La pandemia puso nuevamente al descubierto este conflicto de intereses y de reproducción acelerada del capital. Ya había sucedido con la epidemia H1N1, donde los posibles fabricantes de vacunas y de medicamentos, como el Tamiflú, estaban sentados en el comité de expertos de la OMS que estaba decidiendo si se declaraba una epidemia.

La Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI, en sus siglas en inglés) es una asociación público-privada multinacional creada en 2015 por el Foro Económico Mundial de Davos en especial promovida por la Fundación Bill y Melinda Gates y el Fondo The Wellcome Trust (fondo filantrópico-capitalista de GlaxoSmithKline), venía haciendo ejercicios de preparación pandémica y anuncio un plan de vacunación global de Covid-19 ya en enero del 2020. De hecho, la vacuna del Laboratorio Moderna (Estados Unidos) es apadrinada por este mecanismo de la CEPI.

Estos entramados son los que actualmente se reproducen y gobiernan el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 conocido como el mecanismo COVAX de la OMS junto a la alianza GAVI y CEPI representan una trama donde se garantizan los derechos de “patentes” de las vacunas bajo la lógica de mercado y sólo se comprometen a donar una porción “ínfima” que supone más un sentido de “beneficencia y caridad global” con el Sur que en un derecho colectivo ante la necesidad de inmunización de 7000 millones de personas. Es decir, poner en el gobierno de las vacunas a los intereses de las farmacéuticas y actores del Norte global.

Por eso no es casual que más del 90% de las vacunas disponibles fueron ya absorbidas por Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y Australia. Incluso en estas regiones, se deja fuera a las comunidades inmigrantes y otras poblaciones.

Es decir, esta geopolítica de patentes y colonialidad sanitaria son las que hoy en día gobiernan la vacunación del SARS-CoV-2 y mantienen “presos” como compradores periféricos-dependientes a los Gobiernos y Ministerios de salud pública en América Latina y el Caribe con más o menos éxitos en la cobertura poblacional pero todos atrapados en la misma dinámica.

En todo el mundo y en la región, los Estados dependen de su capacidad para comprar y almacenar los productos de alto valor comercial de las grandes farmacéuticas. Uno de los gigantes proveedores más importantes, Pfizer, espera un ingreso de más de 15.000 millones de dólares para 2021. El coste de este «enfoque de mercado» de la crisis del COVID-19 vuelve a confirmar el poder del complejo médico farmacéutico financiero global y la necesidad de colocar nuevamente un horizonte de soberanía sanitaria para el Sur global.

De esta dinámica sólo podemos exceptuar en parte a la Federación Rusa, China y Cuba. Sin embargo, algunas de las vacunas de estos países también se encuentran mercantilizadas y asociados a laboratorios privados nacionales de India, Brasil, Argentina, entre otros.

Este contexto de adversidades geopolíticas, mercantilización y dependencia sanitaria de nuestras sociedades del Sur evidencia que el desarrollo de una vacuna es un problema científico-sanitario, pero el acceso y la distribución es un problema político sanitario (nacional, regional y global).

Bajo esta premisa, el Grupo de Trabajo CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria considera que:

  1. Declarar a las vacunas como un bien público global y cuestión de soberanía sanitaria regional. Igualmente considerando que solo las vacunas son una respuesta limitada e insuficiente a la crisis multidimensional del SARS-CoV-2. Enfrentar esta situación implica una integralidad de respuestas, donde la vacuna es una de ellas.
  1. Una salida obvia y relativamente rápida debería ser liberar las patentes y permitir consorcios de países del Sur como India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, México y entre otros, para producir masivamente equivalentes de las vacunas para las regiones del capitalismo mundialmente periférico. Las grandes farmacéuticas se opusieron y se oponen enérgicamente a lo que perciben como una violación de sus «derechos de propiedad» de patentes, contando con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, y siguiendo las «reglas» impuestas al comercio mundial incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. De hecho, por eso fue rechazada la iniciativa de India y Sudáfrica y más de 90 países en este sentido en el propio seno de la OMS. Resguardar el acuerdo COVAX de la OMS implica una vez más la colonización y gobierno del acceso a las vacunas por el GAVI y la CEPI. Es decir, por los mismos Estados donantes del Norte global y las corporaciones del complejo médico farmacéutico.También existe la posibilidad de utilizar las flexibilidades de la ADPIC para declarar licencias obligatorias ante una emergencia sanitaria siendo una salida coyuntural, que pudieran tomar como alternativa y conjuntamente múltiples países de América Latina y el Caribe junto al Sur global.
  1. Es necesario volver a colocar en el centro de la agenda latinoamericana y caribeña la reconstrucción de una integración regional en salud basada en tejidos públicos de autonomía, soberanía sanitaria y principios de salud internacional Sur Sur. Esto no sólo concierne y depende exclusivamente de las relaciones intergubernamentales de “Estados y Gobiernos”, sino que la soberanía sanitaria regional es un proceso estratégico que se anida en los entramados de territorios, territorialidades y actores en la construcción de una Salud desde el Sur.Lamentablemente la desintegración y descoordinación regional en América Latina y el Caribe mostrada tanto en la respuesta latinoamericana y caribeña a las epidemias de SARS-CoV-2 como en el acceso a vacunas, nuevamente colocó a los Estados de la región en un lugar de “compradores” periféricos dependientes y peleando por cuotas de dosis de vacunas cada uno por separado, con estrategias de vacunación fragmentadas y no logrando coberturas de inmunizaciones de Covid-19 significativas en este primer semestre por obvias razones geopolíticas, donde la principal es la concentración de mercado de compras de dosis del Norte global.

    Sin duda, reconstruir los entramados de integración regional en salud es uno de los desafíos de la post-pandemia: implicará revisar los aprendizajes del caso de la ex UNASUR Salud, el ALBA Salud o la propia COMISCA-SICA, ORAS-CONHU y CARPHA-Caricom. La producción de soberanía sanitaria como estrategia de autonomía regional tiene en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños(CELAC) un potencial enorme, sabiendo que este proceso pudiera partir de interacciones estratégicas entre las sociedades y los Estados para la condensación de nuevas tramas institucionales regionales de salud internacional Sur Sur en clave latinoamericana y caribeña.

    En este sentido, proponemos en medio de la coyuntura actual que, con el liderazgo de México en la CELAC, se configure rápidamente un Foro regional de Soberanía Sanitaria y como primera prioridad se aborde el “Acceso Universal y Público a la Vacuna de SARS-CoV-2” articulando los esfuerzos de los Estados con las universidades, redes académicas, movimientos y organizaciones sociales latinoamericanas y caribeñas.

  1. Bajo este contexto, nuevamente América Latina y el Caribe quedó ubicada como un espacio geopolítico sanitario gobernado por las directrices de la salud global liberal y del panamericanismo sanitario regional que con sus diplomacias siempre sostienen como única opción seguir los mandatos de los mecanismos globales. Esto quiere decir, entre otras cosas, seguir atrapados en una matriz de dependencia periférica y de captura de financiamientos para sostener diplomacias y tecnocracias sanitarias liberales que siguen siendo formadas y preparadas para reproducir una constante colonialidad del poder y conocimiento sanitario en asimetrías Norte-Sur o Centro-Periferia.Lo anterior queda claramente reflejado en el documento de la OPS (2021)1 en la que señala explícitamente:

    La Organización Panamericana de la Salud ha acompañado y brindado el apoyo técnico necesario a los Estados Miembros para respaldarlos en cada fase de su participación en el mecanismo COVAX, además de la preparación de los planes nacionales de vacunación para la COVID-19”.

  1. Sea necesario acompañar el esfuerzo científico y humildemente aprender del ejemplo de la política sanitaria de Cuba. Esperamos que proceso de desarrollo de las vacunas de SARS-CoV-2 conocidas como la Soberana 01 y Soberana 02 (Instituto Finlay) y Abdala y Mambisa (CIGB) confirmen la efectivamente clínica en su Fase III, que le permitiría a Cuba inmunizar a toda su población este año (11.2 millones) y realizar provisión de la vacuna a otros países del Sur. Es el primer país de América Latina y el Caribe que llega tan lejos en el desarrollo de una vacuna propia de SARS-CoV-2, un logro científico-sanitario en un contexto adverso de bloqueo internacional, agravado por desabastecimiento en medio de la crisis económica global por la pandemia.Estos mismos esfuerzos en otros sistemas nacionales de ciencia e investigación en países de América Latina para desarrollo de vacunas propias, de producción pública de medicamentos y otras tecnologías sanitarias necesarias, muestran la potencialidad en las capacidades regionales en producción de conocimiento aplicado si se profundizarán las articulaciones y tramas desde el Sur.
  1. Más allá del descreimiento de algunos sectores sociales particulares que se mueven más en una cuestión de “creencias” personales (conocidos como “anti-vacunas”), hay que estudiar en profundidad y monitorear como el proceso de medicalización de la vida y mercantilización del tratamiento de enfermedades, inducido brutalmente por el complejo médico farmacéutico financiero, fue generando iatrogenia (daño) en su premisa de expansión de consumos de fármacos como “pastillas mágicas” bajo cánones de “la ciencia” occidental, pero que también fue produciendo un constante descrédito en el desarrollo de fármacos y vacunas para la protección de la vida y su uso para la salud colectiva de las sociedades. En este proceso de descreimiento y deterioro de la credibilidad terapéutica sobre las vacunas no siempre hay que “culpar” a las personas que se encuentran desinformadas por las facilidades de acceso a información sanitaria de baja calidad, sino también lo que viene ocurriendo en las tramas de medicalización y mercantilización de la salud a través del complejo médico farmacéutico, organismos globales de cooperación sanitaria con actores nacionales asociados.
  1. Con las entregas de vacunas disponibles en cada país, sostener durante muchos meses una capacidad organizativa de campañas nacionales de vacunación implica una preparación técnica y logística tanto de distribución territorial y justa de la vacuna, de garantizar la bioseguridad de la cadena de frío, de los puntos de aplicación seguros y del uso racional de la vacuna priorizando los grupos poblacionales claves en las etapas establecidas. En este sentido, resulta clave la credibilidad de todo ese proceso con una participación informada de los pueblos, evitando cualquier interferencia innecesaria desde la desinformación de medios de comunicación masiva o situaciones de patrimonialismo-clientelismo político estatal o cualquier privilegio en el esquema de acceso a la inmunización. Es la credibilidad del proceso global, con monitoreo participativo y de acceso público informado de las sociedades, donde radica la posibilidad de ampliar los grados de confianza de la población sobre la vacunación.Ante la velocidad del proceso de investigación, desarrollo, aprobación, producción y distribución de las vacunas de Covid-19 actualmente, resulta igualmente de suma importancia la evaluación y seguimiento riguroso en el monitoreo de fármaco-vigilancia de los Estados y sistemas de salud. Esto significa ir monitoreando la efectividad y bioseguridad a largo plazo, las reacciones adversas, raras o nuevas. Esto es tan importante como la propia aplicación, porque permite ir evaluando en tiempo real si el impacto en la salud colectiva es el esperado y necesario de acuerdo con el esfuerzo de financiamiento, logística y distribución que realiza cada Estado y Sociedad.
  1. Desde el GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de CLACSO, acompañando a la red regional de instituciones, movimientos y organizaciones que se nuclearon en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Crítico en Salud, hacemos un llamamiento a fortalecer la acción política sanitaria para lograr un acceso oportuno y universal a vacunas como bien público social al servicio de la salud colectiva de nuestros pueblos, y al mismo tiempo impulsar una campaña con la imperiosa necesidad de Refundación de nuestros Sistemas de Salud y Políticas públicas para la efectiva soberanía sanitaria en América Latina y el Caribe como horizonte emancipatorio para el vivir bien.

Febrero 2021
Grupo de Trabajo CLACSO

Salud internacional y soberanía sanitaria

 

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