Conflictos éticos que plantea el Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina – PoblAr Resumen de la declaración

Conflictos éticos que plantea el Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina – PoblAr
Resumen de la declaración
ALERTA:

Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos

Conflictos éticos que plantea el Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina – PoblAr

Meses atrás planteamos en nuestro documento “Alerta y debate ético sobre el Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina – PoblAr” la necesidad de revisar los graves conflictos éticos que planteaba la puesta en marcha del mencionado programa.
A la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de los organismos responsables de su gestión pese a las objeciones que se han planteado desde distintos ámbitos.
Por esta razón es que junto al Capítulo Argentino de la Redbioética y a la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires reiteramos nuestra alerta acerca de los conflictos éticos involucrados en el Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina – PoblAr con el propósito de alertar a la ciudadanía y a los investigadores acerca de las graves irregularidades y consecuencias dañinas que consideramos generará el continuar con el proyecto.
Desarrollamos a continuación nuestras principales objeciones al Programa.
Funciones de los Comités de Ética de Investigación
El Programa PoblAr prevé en su organigrama la existencia de un Comité de Ética Independiente, que tiene como responsabilidad evaluar los aspectos éticos de las investigaciones que utilicen muestras biológicas y datos asociados almacenados en el Biobanco, en consonancia con lo establecido en el Anexo de la Res. 2940/2020 APNMS “Guía para Biobancos de Muestras Biológicas de Origen Humano con Fines de Investigación”
Sin embargo, varios Comités de Ética en Investigación (CEI) de distintas regiones del país han recibido solicitudes de evaluación ética para la conformación de nodos del propio Programa, presentadas como si fueran protocolos de investigación.
Este hecho plantea interrogantes acerca del conocimiento que se tiene en el Programa acerca de las incumbencias de los Comités de Ética de Investigación, cuya responsabilidad es la evaluación ética de protocolos de investigación -no de unidades organizacionales. En paralelo, manifiesta la búsqueda de legitimidad que le otorgaría al Programa una evaluación ética favorable por parte de un CEI.
Cabe recordar asimismo que de acuerdo a las normas nacionales y a las pautas internacionales de ética de la investigación, para que una evaluación se considere ética debe ser realizada por un comité externo al Programa e independiente de quienes lo promueven.
Conflicto financieros y de transferencia
Si bien, por un lado, el PoblAr declara financiarse a través del Presupuesto Nacional, por otro indica que el Estado será uno de los inversores. Esto genera interrogantes acerca de la conceptualización del Programa como una “inversión” y de los potenciales socios que se sumarán a ella. A partir de esta concepción, los materiales biológicos y datos asociados asignados a su guarda con fines de investigación, no cedidos en propiedad, se convertirían en una mercancía transable como cualquier otra (contradiciendo lo establecido en la Res. 2940/2020 del Ministerio de Salud acerca del carácter no comercial de las muestras en guarda en un biobanco). Asimismo se generaría un conflicto acerca de quién toma las decisiones sobre el uso de los materiales y datos.
Este conflicto se refuerza con la apelación al concepto de gobernanza , para referirse al gobierno del Programa. El uso de este concepto genera dudas acerca de quién garantizará el carácter ético y el valor político de los objetivos de las investigaciones, por un lado y la confidencialidad de los datos por el otro, así como cuál será el destino de las muestras ante un posible cierre del Programa.
En cuanto a la transferencia de materiales y/o datos, el Documento Rector del Biobanco propone un modelo de Acuerdo de Transferencia. Este prevé la posibilidad de ceder el material y/o datos a terceros o su depósito en bases de datos externas con previo acuerdo con PoblAr o su autorización. Esto refuerza las dudas acerca del carácter ético y el valor político de los objetivos de las investigaciones que se realizarán con las muestras cedidas al biobanco.
Conflictos con las políticas públicas de salud
Como ya dijéramos en nuestra declaración anterior, los objetivos del PoblAr no son consistentes con la política pública de salud de nuestro país. Tampoco con la principal estrategia declarada por el Ministerio de Salud, e históricamente reclamada como esencial, por amplísimos sectores comprometidos con la salud pública o salud colectiva: la Atención Primaria de la Salud. En efecto, la medicina de precisión con base genómica no constituye una estrategia sostenible que permita lograr una salud universal, y menos aún se encuadra en los compromisos asumidos por nuestro país ante organismos internacionales de salud.
La presentación pública del PoblAr enfatiza la contribución que el programa puede realizar a las políticas públicas de salud, y el acuerdo marco de colaboración firmado entre el ministerio nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el de Salud . Sin embargo, los objetivos del PoblAr se centran en producir conocimiento en un ámbito muy acotado de la salud, cual es la indagación acerca de los aspectos genéticos de las enfermedades. Tan escasa es su articulación con las políticas públicas de salud vigentes, que en su estructura de gobierno se reemplazó el Consejo Asesor del Programa que incluía un representante del Consejo Federal de Salud (COFESA), por un Consejo Directivo donde no hay representación del área de salud .
Participación pública para un programa de gran envergadura
El Coordinador Ejecutivo del PoblAr manifestó en una publicación académica que “… el objetivo general de este tipo de iniciativas es, en resumidas cuentas, cambiar por completo el ecosistema de la investigación biomédica de un país, poniendo a disposición los datos a un número grande de investigadores de manera centralizada y regulada”. Un emprendimiento de esta envergadura requiere de la más amplia discusión y participación pública para su puesta en marcha y sostén. Sin embargo, consistente con su origen en un equipo de investigación en particular, el Programa sostiene una participación pública reducida y acotada en su representatividad.
En efecto, su principal cuerpo de gobierno, el Consejo Directivo, está integrado sólo por representantes del ámbito de la producción de conocimiento y la ciencia y la tecnología, tanto público como público-privado, con una marcada presencia de entidades abocadas a la transferencia tecnológica (como la Fundación Manuel Sadosky y la Fundación INNOVA -T). Además, su principal espacio de participación pública, el Comité de Asesoramiento Ciudadano, integrado por no más de cinco personas, reunirá a “cuatro (4) representantes de asociaciones o colectivos de pacientes de enfermedades crónicas o raras/poco frecuentes y un/a (1) representante de Comunidades Originarias” a invitación del Consejo Directivo.
La selección de los colectivos que tendrán representación en un programa que pretende transformar la investigación biomédica plantea interrogantes acerca del rumbo que se propone para esa transformación y, consecuentemente, quiénes serán sus beneficiarios.
El PoblAr y los Pueblos Indígenas
Un aspecto central y particularmente problemático del Programa es la inclusión de población indígena para el estudio de su “ancestría genética” así como la del colectivo denominado de manera genérica “mestizo” (categoría por demás imprecisa en los términos del Proyecto).
Es menester considerar que la información genética que aportarían las personas al Biobanco, centrando gran parte del proyecto en el discutido y reduccionista concepto de “ancestría genética”, no contiene información sólo individual, sino información genómica del pueblo indígena al que pertenecen, y por ende las consecuencias y resultados pueden afectar a todo el grupo o pueblo.
De ello se desprende que los riesgos y beneficios de un emprendimiento como el PoblAr deben ser considerados a nivel grupal. Por ello, es necesario realizar procesos de consulta y consentimiento informado colectivos, además de individuales, con los pueblos y comunidades indígenas a estudiar. Para eso habrá que convocar a sus instituciones representativas, atento a lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, a la que adhirió nuestro país y tiene fuerza de ley, y a los derechos emanados del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas en nuestra Constitución Nacional.
Es muy claro que el Programa PoblAr no cumple los requerimientos mínimos que garantizan el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, lo que no se salva con la inclusión de un representante de todas las comunidades en su Comité de Asesoramiento Ciudadano. Esta situación se agrava atento a que el Programa forma parte de un Estado Nacional que, de este modo, se desentiende de su rol de garante de los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo, adicionalmente, asociaciones público – privadas para la ulterior utilización de datos altamente sensibles.
Así, la aspiración del Programa PoblAr de investigar la “ancestría genómica” de la población argentina conlleva el riesgo a avanzar contradictoriamente sobre los procesos de identidad de los Pueblos Indígenas, menoscabando los elementos histórico culturales con que se auto identifican y perciben como tales.
La problemática de la identidad
Un aspecto adicional del estudio de la ancestría genética en poblaciones mestizas, como pretende el PoblAr, es el impacto que puede tener en la problemática de la identidad.
Además de los aspectos subjetivos, en esta noción se juegan también dimensiones legales, como las involucradas en los reclamos de tierras de las comunidades indígenas.
En efecto, poniendo énfasis en la identidad genética, biológica, se desconocen los procesos sociohistóricos que han contribuido a la conformación de las comunidades indígenas de nuestro país tal como las conocemos en la actualidad. Y ello puede redundar en afectaciones a sus derechos ya que, como señaló un destacado investigador en genética humana “…Cuando se cuantifica el perfil étnico genético puede encontrarse que un individuo o una comunidad son claramente indígenas o no indígenas, o que poseen una mezcla genética intermedia entre estos dos extremos. ¿A partir de que magnitud de mezcla el individuo o la comunidad es americana nativa? (…) ¿por encima de que porcentaje de mezcla indígena se considerara indígena a una comunidad o una población? (…) Llegar a un consenso sobre este aspecto quizá no sea simple pero es necesario, y hasta cierto punto urgente, pues tan pronto un Juez establezca que un criterio de “cantidad” de un perfil genético representa o no a la etnia indígena, se sentará un precedente legal que será empleado en futuros litigios donde se deba demostrar el origen de una comunidad o de un individuo. Debido a los litigios por posesión de tierras que están llevando adelante los pueblos indígenas en muchos países americanos, los marcadores de ADN étnico-específicos están saliendo del ámbito de las ciencias básicas, están entrando en los tribunales de justicia…”.
¿Será entonces el PoblAr quien se arrogue la facultad de definir quién es indígena y quién no en nuestro país? ¿Qué beneficio recibirán las comunidades indígenas por su participación en el programa? ¿Cómo serán defendidos sus derechos comunitarios en el marco del Programa y de las investigaciones que utilicen sus materiales y/o datos?
Comentarios finales
El PoblAr involucra un gran desafío para la comunidad científica y la ciudadanía, no sólo en las cuestiones epistemológicas y metodológicas sino también en los aspectos legales y éticos que implican la investigación del genoma de seres humanos orientada al desarrollo de una medicina de precisión.
En la medida en que el PobAR constituye a la vez un programa y un proyecto social de gran envergadura, es necesario que no se convierta en una herramienta que represente intereses ajenos a los públicos y a los de las comunidades que estudiará, solapando intereses particulares de grupos y empresas científico-comerciales.
Entendemos que para evitar este sesgo debe ser sometido a deliberaciones que permitan ampliar la mirada desde la reflexión ética y moral con todos aquellos que participan y desarrollan su actividad en todas estas disciplinas. Asimismo, tratándose de una estrategia pública de salud, también deben participar en su análisis las instituciones, asociaciones y grupos vinculados al desarrollo de la salud como derecho humano básico como lo expresa nuestra Constitución Nacional. Finalmente, teniendo en cuenta de que se trata de una política pública, también debiera ser puesto en consideración de la sociedad en su conjunto ya que será afectada en forma directa.”
Nuestra postura a favor del desarrollo de un conocimiento científico que propenda simultáneamente a la protección de los Derechos Humanos nos obliga a ampliar la mirada de la cuestión ética hacia una socio-bioética con enfoque latinoamericano, que conserve la prioridad de buscar verdades y prácticas significativas para nuestros pueblos y resguardar los intereses y el bienestar de las personas participantes de las investigaciones por sobre otros intereses.
Es urgente contemplar los procesos complejos, dinámicos e inter-condicionados como variables principales desde el mismo momento de diseñar las investigaciones y sobre todo para el análisis y la interpretación de sus resultados.
Sostenemos una bioética latinoamericana, que acentúa un bios humano y un ethos comunitario, en contraste con los modelos en los que prima el principio de autonomía como papel central, que reduce a las personas al rol de firmantes de un contrato.
En momentos tan difíciles como los actuales, no sólo en nuestro país sino en el mundo todo, no se debe permitir que una nueva forma de colonialismo, ahora vestido de tecno-ciencia, arremeta nuevamente contra la integridad y dignidad de nuestras poblaciones, transformándolas en proveedoras de materia prima para las ahora múltiples metrópolis y sus mega-empresas.
Sin duda los proyectos de economía del conocimiento tendrán una importancia fundamental en los próximos años en países como el nuestro, pero esto no debería convertirse bajo ningún concepto en una nueva forma de extractivismo (extractivismo de datos primarios), perfil que con total claridad tiene el Proyecto PoblAr.
Por esta razón entendemos que mientras no se resuelvan los aspectos problemáticos señalados, el Programa PoblAr debe cesar en su recolección de materiales y datos. Asimismo, en caso que el proyecto se mantenga vigente, exigimos a la autoridad que se haga cargo del mismo que ofrezca garantías para que todos los conflictos antes enunciados sean contemplados y resueltos en beneficio de la comunidad toda.

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